Gobierno anuncia cambios en Mincultura y retira más de 30 piezas del Museo Nacional
Los cambios continúan en el Ministerio de Cultura. En un intento por marcar distancia con el legado de la administración del expresidente Gustavo Petro, el Gobierno de Abelardo de la Espriella, junto con la ministra Paola Holguín, anunció que la entidad pasará a denominarse Ministerio de Cultura y Patrimonio, dejando atrás el nombre de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, establecido mediante la Ley 2319 de 2023.
El anuncio se realizó el pasado 15 de octubre, durante la primera visita del mandatario a esta cartera, en el Claustro de Santa Clara, en Bogotá. Allí, De la Espriella presentó lo que denominó una «contrarrevolución cultural», con la que busca fortalecer la identidad nacional, proteger el patrimonio y recuperar los valores y principios tradicionales de la sociedad colombiana.
Según el presidente, este nuevo enfoque responde a la necesidad de devolverle al ministerio su función de conservar, restaurar, proteger y transmitir la herencia cultural del país. Asimismo, cuestionó la orientación de la administración anterior, al considerar que la cultura fue utilizada como un instrumento ideológico.
Sin embargo, el anuncio no se limitó al cambio de nombre. Durante la misma jornada, el mandatario ordenó retirar representaciones que considera apología del terrorismo y, en horas de la tarde, al menos 30 piezas fueron desmontadas de tres salas del Museo Nacional de Colombia. Entre ellas se encontraban referencias a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 y firmante de un acuerdo de paz tras la desmovilización de esa guerrilla, así como representaciones relacionadas con Bernardo Jaramillo, el movimiento feminista, la población LGBTIQ+ y el Acuerdo de Paz.
De la Espriella cuestionó la presencia de la figura de Pizarro en estos escenarios y sostuvo que las instituciones culturales no deben convertirse en espacios de homenaje al «terrorismo» ni de «adoctrinamiento». Por su parte, la ministra Paola Holguín defendió la intervención al señalar que el Museo Nacional no puede ser un escenario de apología al delito ni de revictimización.
La decisión ha generado cuestionamientos sobre los criterios técnicos y curatoriales que sustentan el retiro de las piezas, así como sobre la autonomía de las instituciones encargadas de preservar y divulgar la memoria histórica del país. También ha reabierto una discusión sobre quién determina qué personajes, acontecimientos y expresiones merecen ocupar un lugar en los espacios públicos de representación de la historia nacional.
Un aspecto que cobra relevancia en este debate es que las salas intervenidas fueron concebidas durante el Gobierno de Juan Manuel Santos e inauguradas durante la administración de Iván Duque, lo que evidencia que su construcción museográfica antecede al Gobierno de Gustavo Petro. Este contexto plantea interrogantes sobre la interpretación política de las exposiciones y los criterios utilizados para modificar sus contenidos.
A esto se suma el anuncio de revisar los contenidos de otros escenarios culturales, como el Museo de la Independencia y la Quinta de Bolívar, lo que amplía los interrogantes sobre el alcance de las decisiones gubernamentales y su posible impacto en las narrativas históricas que ofrecen estas instituciones.
En paralelo, el Gobierno ha manifestado su interés en otorgar mayor protagonismo al patrimonio religioso. El mandatario señaló que su política cultural buscará fortalecer la protección y recuperación de templos, conventos, archivos eclesiásticos y obras de arte sacro, bienes que considera fundamentales para la herencia histórica de Colombia.
Aunque estos elementos forman parte del patrimonio cultural del país, la apuesta plantea preguntas sobre la distribución de los recursos destinados a su conservación y el equilibrio que tendrá esta prioridad frente a otras expresiones culturales, desde las tradiciones populares y las memorias de las comunidades hasta las manifestaciones artísticas contemporáneas.
En conjunto, los anuncios y las primeras decisiones permiten identificar el rumbo que el Gobierno pretende imprimirle al sector: una política orientada a reivindicar determinados referentes históricos, religiosos y tradicionales, pero que también abre el debate sobre los límites entre la protección del patrimonio, la reinterpretación del pasado y la posible exclusión de aquellas memorias y expresiones que no coincidan con la visión oficial.
La discusión, por tanto, trasciende el cambio de nombre de una entidad. Lo que está en juego es la manera en que el Estado reconoce, conserva y representa la diversidad de memorias que conforman la historia cultural y política de Colombia.
Comentarios